la opinión del diputado catalán José Domingo.
Antes de finalizar el 2010, Cataluña tendrá la primera Ley de acogida de inmigrantes que se apruebe en España. Al margen de los conflictos competenciales que puede generar -el Estado tiene competencias exclusivas sobre inmigración y extranjería según el artículo 149.1.2 de la Constitución-, lo más preocupante es que el tripartito y CiU pretenden con esta ley fijar un marco propio de relaciones con el inmigrante al margen del espacio común español.
Probablemente García Márquez y Vargas Llosa no se hubieran establecido en Barcelona si para ser ‘acogidos’ hubieran tenido que superar las pruebas que la ley exige a los extranjeros. El certificado acreditativo oficial por el que se reconoce el arraigo acredita competencias lingüísticas básicas en catalán y el conocimiento de los rasgos básicos, históricos y geográficos de la sociedad catalana.
Es, cuanto menos, discriminatorio que se obligue al recién llegado a aprender primero el catalán y no se le deja libertad alguna para decidir en qué lengua debe ser acogido. El inmigrante es quien mejor conoce su proyecto vital y por ello debe ser él el dueño de su destino.
La intención del Gobierno autonómico de Cataluña no es preparar al inmigrante sino salvar un modelo carca de identidad catalana. En el colmo de los desvaríos, la ley prevé que en los servicios de acogida de los ayuntamientos también se impartirá la formación ‘nacional’ a los españoles procedentes de fuera de Cataluña. Los encargados de darla serán -tienen todos los números- las asociaciones habituales encargadas del adoctrinamiento nacionalista.
